Parecía que hoy iba a ser el apocalipsis de la televisión. Con la entrada de la normativa europea que obliga a reservar a las operadores de Telecomunicaciones el espacio comprendido entre los canales 61 a 69 de UHF, se apagarían dichas emisiones de TDT; y mucha gente se quedaría sin ver la televisión al no haber habido ni tiempo, ni siquiera material técnico suficiente para atender la masiva adaptación de  antenas colectivas.

Sin embargo, como si el espíritu de la Navidad hubiera tocado el corazón del Gobierno, en un acto de generosidad y atención a sus ciudadanos, ha decidido prorrogar las emisiones en simulcast tres meses más, hasta el 31 de Marzo de 2015; casualmente coincidiendo con las admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de los dos últimos recursos contencioso administrativos presentados por Atresmedia y Mediaset contra el nuevo Plan Técnico de TDT y el Dividendo Digital.

Así es como, desgraciadamente, se entienden los actos generosidad en este país. No vale de nada hablar, dialogar, como lo han hecho todos los actores implicados (fabricantes, antenistas y asociaciones de usuarios y consumidores) expresando su preocupación ante la situación. Todo tiene que pasar por la amenaza de los Tribunales, y eso cuando funcionan. Así que no me extraña que la justicia esté saturada.

Y es el que en el fondo el Gobierno se encontraba en una encrucijada. Por un lado, las demandas de los instaladores. Por otro, unas indemnizaciones a las operadoras de telecomunicaciones que al final terminaríamos pagando todos, por incumplimiento de lo firmado en cuanto a la disponibilidad de dicho espacio radioeléctrico a 1 de Enero de 2015.

Al final, pues, la generosidad ha venido más bien de éstas últimas, que no sé si por cuestiones legales que no pueden abordar, lo cierto es que han cedido tener una indemnización en especie en lugar de económica. Es decir, según se puede leer en cincodias.com, por cada día de prorroga de las emisiones en simulcast que impidan la disponibilidad del espacio radioeléctrico acordado para a éstas, el Gobierno les pagará con permitirles 1.27 días más de vigencia de sus licencias para prestar sus servicios 4G, una vez los hayan implantado.